Incluye referencias bibliográficas (páginas 140-146)

Muchos analistas creían, cuando se aprobó la Ley 135 de 1961, que la mala distribución de la tierra tenía efectos muy negativos sobre el crecimiento y sobre la tranquilidad del país. Para ellos, los problemas agrarios estaban en la base de los conflictos sociales y de la consiguiente violencia. En los años sesenta la reforma agraria se planteó como un objetivo que compartían personas con visiones muy diferentes: algunas de izquierda que buscaban equidad, y otras que consideraban que era importante hacerla para promover el bienestar y el progreso económico. Por otra parte, es de suponer que la mayoría de los pequeños labriegos estaban interesados, en un país campesino como era Colombia en ese entonces, en que se adelantara una reforma que les diera acceso a la tierra que trabajaban. Además, se contaba con el apoyo de EE. UU., a través de su programa Alianza para el Progreso, propiciado por la AID.1 Sin embargo, vistos los resultados, no fue mucho lo que se logró.